'Aislados' en la Diputación y sin contacto 'con el exterior'. La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha ordenado este martes "personalmente" que se impida cualquier contacto entre los cinco trabajadores encerrados en la institución provincial y la prensa.
Así estos trabajadores, que deben ser readmitidos por sentencia judicial tras su despido improcedente, sólo pueden mantener contacto con el exterior a través de dos ventanales del edificio, por donde reciben con la ayuda de una cuerda alimentos y diverso material "para el día a día".
Mientras, en el interior de la institución, dos conserjes impiden cualquier acceso a la zona en la que se encuentran estos cinco trabajadores, a los que la propia institución paga sin tener que ir a trabajar. "Vivimos una situación surrealista", se ha asegurado desde los sindicatos.
La presidenta de la Diputación no sólo ha ordenado que se impida el acceso de la prensa al lugar en el que se encuentran los ahora encerrados, también se ha impedido que hasta ese punto accedan los representantes sindicales, así como los familiares de los encerrados.
La presidenta de la Diputación también ha ordenado que se desarrolle en el interior del edificio cualquier rueda de prensa sobre este asunto, al mismo tiempo que se ha ordenado retirar una pancarta alusiva mostrada por los encerrados hacia el exterior del edificio (pancarta que ha sido retirada por la seguridad privada de la Diputación).
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La actitud de la presidenta de la Diputación respecto a los encerrados es peor "que la de Gadafi", según han asegurado los representantes sindicales momentos antes de dar inicio una rueda de prensa en el exterior de la institución provincial. Para éstos es "incomprensible" lo que está haciendo la presidenta de la Diputación "que se cree que el dinero y la propia institución es suyo".
El secretario general de FSP-UGT de León, Nicolás Sanz, ha asegurado, en el exterior de la Diputación de León y con los encerrados como 'telón de fondo', que los trabajadores despedidos fueron convocados este lunes a una mesa de negociación presidida por el diputado de Personal, Raúl Valcarce, con el fin de normalizar la situación.
La mesa, sin embargo "fue una farsa", ya que en la misma se trasladó que la decisión política del despido estaba tomada y que era una postura tomada "con el consenso de todos los partidos políticos", algo que es "absolutamente falso", según ha advertido.
Para los representantes sindicales, Carrasco ha "engañado" a los trabajadores ya los "grupos políticos" urdiendo una estrategia para despedir a los trabajadores, a los que ahora ha tenido que readmitir por sentencia con un coste en indemnizaciones que supondrá cerca de 700.000 euros.
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