Los encerrados no saldrán hasta que haya una solución

Los cinco trabajadores de las desaparecidas oficinas de desarrollo de la Diputación seguirán encerrados en el Palacio de los Guzmanes hasta que sean escuchadas sus demandas, que no son otras que la readmisión de los nueve empleados despedidos –cinco de ellos sindicalistas–. Sobre estos despidos pesa una sentencia que les reconoce improcedentes y que podrían costar a la Diputación el desembolso de 700.000 euros. Si bien desde la institución provincial, que no quiere readmitirlos, se aferran a que la sentencia judicial no es firme y aún tiene que pronunciarse el TSJ de Castilla y León.
Esta información fue aportada por el secretario provincial de FES-UGT, Nicolás Sanz, en las inmediaciones del Palacio de los Guzmanes puesto que no se permitió el acceso a la prensa a la sala en la que se encuentran los encerrados. Sanz denunció la situación de “aislamiento” que sufren los trabajadores que no pueden ser visitados por sus familias y que incluso reciben la comida desde la calle utilizando cuerdas hasta la ventana de la sala donde están encerrados.
Mientras los agentes sociales piden una salida negociada a la situación creada, dándose la paradoja de que los trabajadores están cobrando sin ir a trabajar, PP y PSOE se han enzarzado en una guerra de comunicados y ruedas de prensa.
El vicepresidente primero de la Diputación, Juan Martínez Majo, indica que los acuerdos de no prorrogar los convenios existentes con diferentes ayuntamientos de la provincia para el funcionamiento de las oficinas de desarrollo fueron adoptados en los plenos por unanimidad de PP, PSOE y UPL.
Considera Majo que recolocarles dentro de la institución sería una “discriminación” para el personal que ha aprobado una oposición. Les acusa, además de utilizar “sus garantías sindicales”.
Por otro lado, Martínez Majo recuerda que el mayor opositor a las oficinas de desarrollo durante los 15 años que han estado en funcionamiento, “es público y notorio que ha sido Matías Llorente”.

LA CRONICA DE LEON