Cinco de los nueve agentes de desarrollo local de la Diputación de León despedidos llevan cuatro días encerrados en un salón del Palacio de los Guzmanes, sede de la Institución. Aseguran que varias sentencias judiciales obligan a la Diputación a readmitirlos o a indemnizarles. Los autos están recurridos, pero ellos insisten en que la ley les ampara y que solo quieren trabajar y no quedarse en casa.
De momento, su único contacto en el exterior son las ventanas que dan a la parte trasera del Palacio de los Guzmanes. Son el conducto que utilizan para comunicarse con sus familiares y compañeros, además de usarlo para recibir víveres, ya que no se permite que nadie entre a la sala donde ellos decidieron encerrarse después de que el diputado de Personal les comunicase, aseguran, «que no hay vuelta atrás en sus despidos y que no serán readmitidos». Los agentes de desarrollo auguran un encierro largo. El secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT en León, Nicolás Sanz, lamentó que no hubiera «ni la más mínima posibilidad de negociar» y calificó a la presidenta de la Institución, Isabel Carrasco, de «dictadora».
El equipo de Gobierno de la Diputación envió un comunicado en el que el vicepresidente primero, Juan Martínez Majo, explicó que los acuerdos de no prorrogar los convenios con diferentes ayuntamientos de la provincia para el funcionamiento de las oficinas de desarrollo fueron adoptados por unanimidad de los tres grupos políticos en dos plenos. En estos momentos, las sentencias que declararon la improcedencia de las extinciones de las relaciones laborales no son firmes, «estando pendientes de sentencia ante la sala de lo social del TSJ de Castilla y León». Sindicalistas y familiares se manifestaron ayer al acto inaugural del II Festival de Montaña para llamar la atención de sus reivindicaciones.
ELNORTEDECASTILLA
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