Y es que Carrasco no sólo ha aislado a los cinco trabajadores despedidos de las antiguas oficinas de desarrollo, cuya reincorporación ha ordenado un juez, sino que impide el acceso a ellos a la prensa e incluso a los diputados del PSOE, algo “inaudito”.
Llorente indicó que “las sentencias están para cumplirse”, acusando a la presidenta de “incumplir en su totalidad” el compromiso de haberles recolocado, algo que aseguró que no habría supuesto problemas “si fueran del partido de la gaviota”, como ocurrió con los numerosos casos de familiares directos de cargos de l PP que obtuvieron hace dos años dieces redondos en las polémicas oposiciones de auxiliar administrativo.
En este sentido, el viceportavoz recordó que su grupo siempre se posicionó contra tales despidos, insistiendo en que “son sagrados los derechos de los trabajadores”.
Llorente recordó que ya hace mucho tiempo “advertí que la presidenta pasaría a la historia (de la institución) como la bruja del palacio” y su “incompetencia” en estas polémicas como en las políticas de inversión y ayuda a los municipios de menos de 20.000 habitantes están dando por bueno aquel vaticinio, porque “a los pueblos nos llega el 30% menos” que en otros mandatos.
Fruto de esa gestión se enmarca también el enorme coste en defensas judiciales bajo su presidencia, ya que Llorente calculó que “estamos gastando en abogados en esta legislatura más que en las dos anteriores”.
GENTE EN LEON
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