Lo han hecho después de que al mediodía de ayer les fuera notificado un nuevo despido (el segundo) acompañado de un cheque nominativo con la correspondiente indemnización por lo que desde la Diputación se ha llamado "despido objetivo".
Los encerrados, pertenecientes a las extintas oficinas de desarrollo, estaban obligados a una readmisión forzosa por parte de la Diputación. Sin embargo, y según han remarcado por orden directa de la presidenta, se les pagaba sin tener que ir a sus puestos de trabajo.
Una situación que les llevó a un encierro con el que pretendían demostrar que sólo se trabaja "de un capricho político" de Isabel Carrasco, quien se escudaba "inicialmente en el recurso a la sentencia para así no readmitirnos y que ahora, saltándose los tiempos judiciales, nos vuelve a despedir sin esperar a ese recurso del que tanto hablaba".
Ahora, según ha asegurado una de las encerradas, Yolanda Gómez, se demuestra "que teníamos toda la razón y que todo ha sido un capricho político de la presidenta". De ahí que en los próximos días recurran este segundo despido y se entable una nueva batalla judicial en la que se sienten ganadores ante la Diputación.
A la conclusión del encierro los trabajadores han denunciado el "capricho político" que ha sido la decisión de su despido, así como la "poca humanidad" que desde la Diputación se ha mostrado durante su encierro.
"Si hemos tenido agua y comida es por la solidaridad y el apoyo de la familia y nuestros compañeros de sindicato. Se nos ha prohibido hasta abrir la ventana", ha denunciado Yolanda Gómez.
Los encerrados también han agradecido la presencia de una treintena de sindicalistas a las puertas de la Diputación para mostrarles su apoyo. Todos ellos, encabezados por Nicolás Sanz, secretario general de FSP-UGT de León, han insistido en que "la lucha no termina, comienza ahora".
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